¡Por tierra, justicia y libertad!

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Más que nunca, nuestra solidaridad con los campesinos y campesinas de Curuguaty

El pasado lunes 27 de julio se inició el juicio a los campesinos y a las campesinas de Curuguaty. Ni bien empezado el juicio, 11 de los procesados renunciaron a sus abogados, en un intento desesperado por aplazar una condena que consideran predefinida por un sistema de justicia injusto. Y esta convicción tiene bases sólidas, porque desde hace tres años soportan un proceso penal plagado de irregularidades: la investigación no tuvo atisbos de imparcialidad, sólo se intentó investigar el asesinato de los policías y no el de los 11 campesinos, en la audiencia preliminar se incorporaron pruebas que desconocía la defensa y, para culminar, sumariaron a los abogados defensores, obligando a los mismos a ir a un juicio con la amenaza de una sanción que podría haberles costado la carrera.

El fiscal del caso, Jalil Rachid, expresó públicamente que solicitaría una pena de 25 a 30 años para los campesinos y campesinas, sin haber siquiera comprobado que las personas acusadas hayan disparado un arma. No puede ser difícil entender el estado de desesperación al que puede llegar gente inocente de hechos criminales a la que se pretende encarcelar casi de por vida.

El Tribunal inmediatamente asignó al Defensor Joaquín Díaz como abogado, causando la preocupación generalizada de los sectores que apoyan esta lucha pues en el caso de la joven Raquel, habían sido dos defensoras públicas de Curuguaty las responsables de que ella llegue a juicio sin posibilidades reales de defenderse. Cabe recordar que el juicio de Raquel ha sido fijado para el 2 de noviembre, en Saltos del Guairá.

El día martes 28, los campesinos designaron un nuevo defensor, quien pidió al Tribunal tiempo suficiente para estudiar las más de 7.000 hojas de expedientes, de modo que pudiera ejercer la defensa. La Fiscalía pidió que solo sean 3 días, el Tribunal otorgó apenas 5 días. Es decir, no dieron lugar al derecho básico que tiene cualquier persona a una defensa adecuada porque materialmente es imposible que alguien pueda analizar todo ese expediente para defender a 11 personas en ese tiempo. Además el Tribunal argumentó que había pasado demasiado tiempo y “la prensa y el público esperaban la sentencia lo antes posible”.

Ante todo esto, desde Kuña Pyrenda expresamos:

  • Que el sistema judicial paraguayo es el único responsable del debilitamiento de la debida defensa en el juicio a los campesinos y campesinas del caso Curuguaty.
  • Que el sistema judicial paraguayo persiguió, aterrorizó y revictimizó a los campesinos y campesinas, convirtiéndose en cómplice de quienes desataron la masacre de Curuguaty en junio de 2012.
  • Que el sistema judicial paraguayo es responsable de la impunidad por el caso Curuguaty pues fue incapaz de investigar las verdaderas responsabilidades y pretende cerrarlo condenando a campesinos y campesinas cuya única falta fue haber luchado por un pedazo de tierra donde construir sus vidas.
  • Que los campesinos y las campesinas merecen nuestra solidaridad hoy más que nunca, porque además de haber sido víctimas de la masacre, donde perdieron a sus hermanos, hijos, compañeros; son víctimas de un perverso sistema de justicia que no duda en ejercer toda la crueldad posible con quienes se encuentran en estado de indefensión.

¡Por tierra, justicia y libertad!

Foto: Natalia Ruiz Díaz Medina

Foto: Natalia Ruiz Díaz Medina

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